La co-directora del Instituto Universitario de Investigaciones en Psicomotricidad de la Facultad de Educación de la UNCuyo, Patricia Lacerna, formó parte de una comisión interinstitucional del Congreso de la Nación Argentina para trabajar en un anteproyecto de ley para regular el ejercicio profesional de los psicomotricistas. La licenciada en psicomotricidad, quien también es especialista en desarrollo infantil temprano, fue la representante de la UNCuyo en una reunión de especialistas de otras instituciones, asociaciones y universidades nacionales para trabajar en la propuesta.

Se trata de un trabajo técnico que ya concluyó y el resultado fue la presentación de proyecto en la mesa de entradas del Congreso a través del diputado nacional Pablo Yedlin. Para los psicomotricistas este anteproyecto y su presentación formal representa un avance fundamental para reconocer y normar una disciplina que, como destaca la iniciativa, estudia al ser humano desde una articulación sistémica que involucra el cuerpo y el movimiento como señales de salud, desarrollo y aprendizaje.

Patricia Lacerna indicó que esta iniciativa no solo representa un reconocimiento a la trayectoria de la psicomotricidad sino que garantiza un marco de calidad y ética para el ejercicio profesional, protegiendo así a las personas que reciben estos servicios tan valiosos. La participación de la Facultad de Educación de la UNCuyo en esta comisión interinstitucional refleja el compromiso con la formación de profesionales y con el desarrollo de políticas que fortalezcan la educación y la salud en nuestra sociedad.

Detalles relevantes del anteproyecto

• Regulación del ejercicio profesional: establece un marco normativo general para las actividades de psicomotricistas en todo el territorio nacional.

• Condiciones para el ejercicio: define los títulos habilitantes necesarios (Licenciados en Psicomotricidad, Psicomotricistas) otorgados por universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas por el Estado.

• Ámbitos de desempeño: los profesionales podrán ejercer de manera individual o en equipos interdisciplinarios, en instituciones públicas o privadas, en áreas de salud, educación, social, laboral y forense.

• Derechos y obligaciones: se garantizan derechos como certificar prestaciones, efectuar interconsultas, percibir honorarios profesionales; y obligaciones como el secreto profesional y la actualización permanente.

El proyecto ya tiene número de expediente: 3296-D-2026 y puede consultarse en la página oficial del Congreso.