Frente al anuncio del Gobierno Nacional de crear líneas de comunicación para denunciar a miembros de la comunidad universitaria por supuesto adoctrinamiento (denuncias.sspu@educacion.com.ar), desde la Universidad Nacional de Cuyo queremos señalar tres cuestiones. Primero, nuestra preocupación por las implicancias posibles de esta medida, pues parece instaurar que una controversia de ideas, diferencias ideológicas o el estudio de autores o problemáticas específicas, son acciones reprochables que deben ser denunciadas y castigadas. Esto nos retrotrae a lo más oscuro de nuestro pasado, cuando las fuerzas políticas aplicaban criterios ideológicos y mecanismos de disciplinamiento para moldear el debate de ideas en las universidades. 

 

En segundo lugar, queremos señalar que la pluralidad de ideas y la tolerancia a la disidencia son parte constitutiva del funcionamiento correcto de cualquier institución que promueva la educación y el desarrollo del conocimiento. Esto obedece a que consideramos que el pluralismo de ideas es tanto un hecho social ineludible como una condición necesaria para el avance del pensamiento, pues es a partir de confrontar ideas, cuestionar el statu quo y proponer nuevas perspectivas o problemáticas, que florece el conocimiento. Por ello, consideramos que en lugar de postular medidas reactivas frente a la controversia de ideas, y sobre todo en un contexto social de elevada polarización política, la universidad debe promover de manera activa la diversidad de pensamiento y la aceptación de la diferencia, siguiendo los principales lineamientos y consensos globales sobre el rol de la universidad y la educación en democracia (como, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 26, subraya el derecho a la educación junto a la promoción del entendimiento, la tolerancia y la amistad).

 

Por último, queremos enfatizar que las universidades en general, y la UNCuyo en particular, cuentan con múltiples dispositivos institucionales a los que puede recurrir cualquier miembro de nuestra comunidad académica si considera que ha sido víctima de hostigamiento, discriminación o malos tratos, tanto por parte de docentes, como de estudiantes, no-docentes o autoridades. Estos mecanismos, al ser producto de la práctica democrática del co-gobierno, se adecúan a la pluralidad misma que habita nuestras aulas. En este sentido, consideramos que la presuposición de que habría un silenciamiento sistemático a determinadas ideologías políticas en el sistema universitario argentino es insostenible. Asimismo, entendemos que la idea de que la resolución de controversias propias de las prácticas académicas debe realizarse a partir de la creación de organismos centralizados, designados por el gobierno de turno, es equivocada.

 

Por estas razones, el Consejo Superior de la UNCuyo pide al CIN que solicite que reconsidere al Gobierno Nacional la medida antes mencionada,  atendiendo a la Autonomía Universitaria y a la Ley de Educación Superior.

 

Entendemos que la Universidad debe preservar el espacio áulico, el vínculo pedagógico,  el diálogo educativo y la vida universitaria  como suficientes para dirimir diferencias de ideas o lecturas de la realidad.