Fundamos nuestra declaración en el abundante sistema normativo y la tradición política que asegura en Argentina la autonomía universitaria, las garantías constitucionales y el pleno funcionamiento del estado de derecho. En el mismo sentido, hacemos un llamado a las autoridades provinciales a evitar en el futuro sucesos de esta índole que pongan en riesgo los pilares del sistema democrático, y con él, la participación la universidad pública, gratuita y pluralista a la que aspiramos la mayoría de los argentinos. Finalmente, hacemos nuestra también la declaración que por esta situación emitió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el 14 de abril de 2017, así como los argumentos allí vertidos que hacen referencia a la violación del artículo 31 de la ley número 24.521 de Educación Superior, cuando determina que: “La fuerza pública no puede ingresar a las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Ponemos a disposición la Resolución 125 del Consejo Directivo de la Facultad de Educación en la que avala lo expresado por el CIN, acuerda con la declaración del Consejo Superior de la UNCuyo y exige la pronta determinación de responsabilidades frente al hecho.